Arturo Clement tras proyeto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: «Destacamos la iniciativa pero hay aspectos que ponen en riesgo el desarrollo de nuestra actividad»
Señor director.
Recientemente comenzó el tercer trámite, en Comisión Mixta, del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Si bien destacamos esta iniciativa, pues sistematizará las normas que regulan las áreas silvestres protegidas, creemos también que hay aspectos en esta discusión que ponen en riesgo el desarrollo futuro de nuestra actividad. Ello, porque el Ejecutivo propuso una modificación al artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, eliminando la salmonicultura en reservas nacionales y forestales.
Si hoy existe acuicultura en reservas es por dos razones: se otorgaron concesiones en lugares que después se constituyeron en reserva, o se otorgaron donde lo protegido original solo estaba en tierra firme.
Por otra parte, Noruega definió quintuplicar su producción de salmones al 2050. De concretarse lo anterior, y si Chile mantiene sus niveles de producción, de los respectivos 45% y 35% en participación de mercado, pasaríamos a un 82% de Noruega y 11% de Chile, perdiendo la actual participación de un mercado cuya demanda mundial sigue creciendo.
Resulta contradictorio una limitación de este tipo, cuando el gobierno anuncia la discusión de una nueva Ley General de Acuicultura como un proceso amplio y participativo, pues ese diálogo partiría con restricciones a nuestra actividad, además de restringir el proceso de reordenamiento territorial fundamental en esta nueva Ley.
Por lo mismo, creemos necesaria la participación del Ministerio de Economía en la discusión del SBAP, con el fin de trabajar en conjunto el desarrollo de este sector.
La salmonicultura ha generado grandes oportunidades en Los Lagos, Aysén y Magallanes, generando en torno a 71 mil empleos. Confiamos en que nuestros legisladores puedan ponderar en su mérito los efectos de la propuesta mencionada, en un momento en que nuestro país requiere de certidumbre, diálogo y entendimiento entre el sector público y privado para el desarrollo sustentable.
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